Pero claro que habrá un final para todo eso. Todos, ellos y nosotros lo sabemos. Lo que no se terminará nunca es la convicción de que la enorme mayoría de los argentinos de buena voluntad nos respalda, y ha sido un apoyo fundamental para llegar hasta aquí.
La tragedia del 22 de febrero nos obligó a elegir entre varios caminos. Pudimos haber elegido el de generar lástima, el de no luchar y quedarnos solo mostrando el dolor. No lo hicimos. Pudimos haber elegido el de sentarnos en los despachos de Casa Rosada cuando desde el ministerio del Interior se nos convocaba constantemente para , según decían, “trabajar juntos” tratando de captarnos, de sacarse una foto, de conseguir nuestro aval. No lo hicimos. Pudimos elegir el más fácil de todos, el de quedarnos callados en nuestras casas pensando que en este país nunca pasaría nada. Pero no lo hicimos.
Elegimos el camino de no claudicar, de no dejarnos comprar, de no callarnos nunca, el de enfrentar al poder de turno sin que nos tiemble la voz, el de gritar cuantas veces querrámos que nos acompaña cada argentino que necesita, quiere y lucha un país mas justo.
Al gobierno le exigimos desde el primer día lo que merecíamos. Que nos ayudaran, que no nos abandonaran, que nos vieran. Una ayuda integral, un seguimiento de las lesiones físicas y psíquicas de los heridos y de cada una de las personas que integramos los grupos de familiares. Nunca lo hicieron.
Señalamos como principal responsable de ese abandono sistemático, planificado e intencional a la señora presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. Es responsable porque desoyó a la Justicia cuando instó a “todos los poderes del Estado” a que nos brindaran ayuda integral e imprescindible; es responsable porque nunca instruyó a sus ministros y secretarios a que se ocuparan de todos nosotros y de las consecuencias del desastre al que nos arrastraron. Es responsable porque nunca le importamos ni le importaron nuestras heridas del cuerpo, de la mente, del alma y de la vida que la masacre nos dejò para siempre. Responsable porque nunca quiso mirarnos. ¿Realmente se considera la Presidenta de los 41 millones de argentinos? Lo hecho con nosotros demuestra que eso no es así.
No habrá tenido tiempo. Pero si tuvo tiempo en estos dos años para lapidar públicamente a quienes opinan diferente, para creerse inmune a los errores, para nunca reconocer una falla en su gestión pero si para señalar con el dedo a quienes critican a este proyecto.
Habrá creído que con que con reuniones segmentadas y con ayudas aisladas, condicionadas al apoyo político y a la adulación a la que la tienen acostumbrada dentro su proyecto, el reclamo no existiría. Somos más de 900 familias las damnificadas; no puede olvidarse.
Nosotros no necesitamos limosna. Eso nos ofende. Nosotros necesitábamos el cuidado integral de un Estado presente, un Estado que nos acompañara, que demostrara que le interesamos mas que para una foto.
Eso nunca sucedió. Un Gobierno que se ufana de estar del lado de los más necesitados nos abandonó a nuestra suerte.
Deben creer que todo se soluciona con plata. Es lógico. Probablemente ese sea su pensamiento, su manera de ejercer el poder y de hacer política. Nosotros tenemos otra manera de vivir, y es con dignidad y sin arrodillarnos ante nadie para reclamar lo que nos corresponde por derecho propio.
Muchos de los heridos nunca han podido retomar sus tareas, sus trabajos ni su vida normal, los daños colaterales de la tragedia son muchos y aún hoy se nos siguen manifestando. Las enfermedades producto del dolor y la angustia se multiplican en nuestros cuerpos, y siguen apareciendo cuando menos las esperamos.
Una vez más desde los despachos eso no se quiere ver y parece que no existe. Pero a pesar de todo, y con un esfuerzo infinito acá estamos, denunciando una vez más el abandono del que fuimos víctimas desde febrero de 2012.
Y que ya no tienen vuelta atrás, ni solución.
Pero, eso sí, los lazos entre el Gobierno y los procesados permanecieron firmes como siempre.
Para las víctimas, la desidia; para los responsables el amiguismo y la complicidad.
Por eso, Ricardo Jaime, quien ya fue condenado por intentar ocultar documentación en otra causa, pudo decir sin empacho que él es un “militante de este proyecto”, sin que se alzara ni una sola voz del oficialismo para repudiar tales afirmaciones.
Antonio Sícaro, otro de los procesados, sigue paseándose por los pasillos de Casa Rosada, asesorando al ministro Randazzo como un monje negro en las sombras, y consiguiendo puestos para él y sus familiares.Nosotros denunciamos lo que sucede. No condenamos de antemano, no somos como ellos que no dudan en demonizar a quien piensa diferente. Es la Justicia la que los procesó, no nosotros, y si bien nadie es culpable hasta que eso no sea probado, está claro de que lado esta el Gobierno en este causa, ya que los encubre y los oculta. En definitiva, los cuida. Pero no es solo el poder político quien cubre a los responsables. Los hermanos Cirigliano siguen recibiendo dinero de este Gobierno para reparar trenes en su empresa Emfer, que debió haber sido estatizada,y puesta en mano de los trabajadores. Estos últimos han denunciado que, con la complicidad y el aval de miembros del poder judicial, los Cirigliano han armado causas en contra de sus delegados gremiales y los han perseguido por haber protegido y rescatado documentación fundamental en las pericias contables que sustentaron sus procesamientos. Una vez más, quienes buscan la verdad, quienes protegen su fuente laboral, quienes están luchando por un país mejor son perseguidos y se encuentran procesados. Y quienes roban, vacían empresas, y cercenan los derechos laborales son avalados en su accionar por los poderes políticos, judicial, y económico.
Lo hemos dicho, y lo repetimos sin cansarnos: los procesados y este gobierno son parte lo mismo.
No solo hay ex funcionarios y empresarios amigos y socios de esta gestión en el banquillo de los acusados, sino que además, son funcionales unos a otros, en un entramado cuyo único objetivo es la continuidad de la impunidad y de la corrupción.
En 2013, desde el Poder Ejecutivo se impulsó una reforma al Código Civil. Si bien los cambios en nuestra sociedad hacen necesario reacomodar algunas normas, para esas modificaciones es imprescindible un amplio debate en el Congreso de la Nación. Estos cambios, No pueden ser fruto de la necesidad política coyuntura o de unas elecciones pérdidas, o de la posibilidad de garantizar impunidad a quienes estuvieron al frente de responsabilidades de gestión y administración.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, incluye la inadmisible intención de anular la responsabilidad civil del estado. Su promulgación, en los términos que fue presentada, conlleva mas puertas abiertas a la impunidad de los funcionarios, eludiendo el principio básico de igualdad ante la ley. ¿Porqué un funcionario tendría que tener prerrogativas ante la comisión de un delito, un ilícito o una irregularidad?
La responsabilidad penal y civil, ya sea de los Estados nacional, provincial o municipal no sólo debe mantenerse, sino que impulsamos al Poder Legislativo a tratar y sancionar una ley que determine la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por los funcionarios.
Una norma donde se contemple para el funcionario responsable, el agravamiento de las penas por el uso abusivo del poder en beneficio propio o de intereses que vayan contra la Nación y los ciudadanos. Mucho más si por su acción u omisión se generen muertes.La ciudadanía está cansada de ver a los poderosos impunes, mientras las víctimas se multiplican.
Kheyvis, Cromañón, AMIA, Embajada de Israel, Mariano Ferreyra, Luciano arruga, los muertos de diciembre de 2001, los muertos de la tragedia de Once, y tantos mas….Todos ellos tuvieron la necesaria participación de funcionarios del poder político. Algunos de ellos obtuvieron justicia, otros todavía estamos esperando. Basta de impunidad, todos exigimos justicia.
Consideramos que ningún juez debe “hacer política con sus fallos” como pidió el Secretario de Justicia de la Nación, Julián Dominguez. Los ciudadanos exigimos a los magistrados de este país, idoneidad, independencia y trabajo. Que evalúen las pruebas y que no les tiemble el pulso a la hora de condenar a un funcionario, sea del signo que se. La sociedad necesita confiar en ellos. Les pedimos que se esfuercen para que podamos sentir que nos cuidan de los asesinos y los corruptos. Y eso solo será imposible si el Poder Judicial se mantiene ajeno a las intromisiones del poder político.
Que distintos somos a ellos. Nosotros, aquí, juntos, exigiendo justicia. Del otro lado, por ejemplo, el ministro Randazzo, quien no tiene el menor empacho “en jugar cualquier partido” según sus palabras, en la carrera presidencial del 2015, basándose en su trabajo en el área de Interior y Transporte.
Eso es usar la función pública para la que le pagamos todos nosotros, y que es su obligación cumplir con eficiencia, para un rédito político y personal. Eso lo pinta de cuerpo entero.
Falta mucho tiempo para el recambio de gobierno, y aun hoy, los resultados de su gestión en el transporte están por verse. Sin embargo, la imprescindible reconversión ferroviaria producto de la masacre de inocentes en Once y en Castelar es usada como trampolín para conseguir más y más poder. Imaginarse en el despacho presidencial evidentemente lo obnubila y no lo deja ver los errores del gobierno del que forma parte. Insiste en pedir que no se le exija en un año y medio “lo que no se hizo en 50”.
El ministro se olvida que de esos 50 años, 10 le corresponden al proyecto del que forma parte. Ese es solo un ejemplo de su manera de mirar la realidad. Para ellos existen solo les hechos que les convienen. El resto no. Así, por ejemplo, durante meses nos recordó el trayecto vía China del primer tren comprado por contratación directa, y sin ningún tipo de control.
Mientras tanto, los pasajeros siguen viajando en condiciones paupérrimas, y los trabajadores tienen que lidiar con talleres desguasados.
Durante meses hemos visto a trenes como el chapa 7, el chapa 18, el chapa 20, que están sobre las vías estando en las mismas condiciones de seguridad que el tren de la tragedia. Sin seguridad, con las puertas abiertas, con un mantenimiento básico. Es decir, al borde de otro desastre.
La mínima frecuencia de salida, hace que los trenes viajen repletos, y que los trayectos aumenten su duración en un 50 por ciento. Ese sufrimiento es cotidiano, y le ponemos el cuerpo cada uno de quienes tenemos que subirnos a esos trenes. Somos los mismos que avisamos que si las estructuras de seguridad no eran modificadas, las tragedias podrían repetirse.
Ni los trabajadores, ni los usuarios, ni este grupo de familiares fuimos escuchados. Y los desastres no perdonaron y se repitieron.
El 13 de junio de 2013, sin ningún sistema de seguridad que lo detuviese, un tren impactó a otro a metros de la Estación de Castelar.
Y más allá de las investigaciones, el resultado más trágico quedó en el olvido.
Fueron las tres vidas perdidas ese día. Se debatió durante meses sobre las responsabilidades.
Sin embargo, el Gobierno logró silenciar la existencia de tres muertes, ya que Ezequiel, María Laura y Cristian, viajaban en el tren chapa 19, una unidad sin ningún tipo de seguridad. La responsabilidad de que ese tren estuviese sobre las vías tiene nombre y apellido: Florencio Randazzo.
Nosotros repudiamos enérgicamente a los conductores irresponsables que juegan con la vida de los pasajeros cuando que violan los límites de velocidad, las señales de detención, cuando no prestan atención o van a trabajar sin el descanso necesario y se niegan a todo tipo de controles.
Condenamos firmemente esas actitudes que merecen todo nuestro rechazo. La falta de cuidado por el prójimo quedó comprobada en la segunda tragedia de Once, el 19 de octubre de 2013. Esperamos que la justicia también determine las responsabilidades en esos casos.
Pero ninguno de los desastres de 2013 hubiésen sucedido si después de la tragedia de Once se hubieran instalado sistemas de seguridad que detuviesen trenes que violan señales o van a más velocidad de la permitida.
Durante meses nuestros comunicados nunca dejaron de incluir las denuncias sobre los gastos estéticos en unidades y estaciones por sobre la imprescindible seguridad sobre las vías. Y esa sordera, no es ni de los trabajadores, ni de los usuarios, sino de quines deciden desde los despachos en que se gasta y en que no.
Entonces, claro que hubo inconductas en algunos trabajadores, claro que son co-responsables de lo que pasó, claro que debe caerles encima todo el peso de la ley.
Pero nunca debemos olvidarnos que cada cosa que pasa en el área del transporte, por más mínima que sea tiene un responsable, y ese no es otro que el ministro de área.
Es el mismo que ante la denuncia de la utilización de materiales cancerígenos en la construcción de los nuevos vagones chinos se contenta con una repuesta por carta de la empresa fabricante negando tal posibilidad en lugar de exigir una investigación profunda de los organismos pertinentes de nuestro país.
Una vez más, los avisos y denuncias, vengan de donde vengan, son ignoradas, con una soberbia inexplicable e indigna de un funcionario público.
Lo que pedimos es que los materiales sean peritados por personal idóneo, que se asegure con controles exhaustivos que la salud de trabajadores y usuarios estará resguardada y que los millones de dólares gastados en contrataciones directas no han sido para comprar vagones construídos con sustancias dañinas para la salud. ¿Eso es mucho pedir señor ministro?
Somos muy críticos de su gestión hasta el momento, señor ministro, esa no es una novedad.
Pero aún así, deseamos que la modernización sea puesta en marcha y sirva para que quienes usamos los trenes urbanos y suburbanos podamos viajar seguros y en condiciones dignas. ¿Somos propaladores de malas noticias por pedir que intervenga seriamente y no conformándose con una misiva de los fabricantes? ¿No está entre sus funciones cuidar de cada detalle de una inversión millonaria? ¿O es que ésta solo sirve para que haga campañas de difusión gigantescas, y se auto proclame precandidato presidencial? Hace unos días, el gobierno nacional disolvió las unidades de gestión operativas UGOFE y UGOMS y dispuso que las líneas Mitre y San Martín sean operadas por el grupo Roggio, y que las líneas Belgrano Sur y Roca sean operadas por el grupo Emepa.
Es decir, las mismas empresas que explotan el servicio de subterráneos y que fueron denunciadas por usuarios, gremios y legisladores por girar dineros provenientes del Estado a otras empresas unidas administrativamente a ellas y no invertir en seguridad y mantenimiento, ahora gerenciarán también el servicio de trenes en dichas líneas.
Quiénes aplicaron en el subte la misma lógica que los Cirigliano en el Sarmiento, ahora tendrán la posibilidad de seguir haciendo negocios llenándose los bolsillos con los trenes. El gerenciamiento incluye, por ejemplo, una retribución mensual por operación, la posibilidad de que se contrate empresas controladas o controlantes del mismo grupo empresarial sin licitación pública, la explotación de los negocios colaterales, como publicidad y el alquiler de locales en los andénes.
¿No es eso ofrecerles lisa y llanamente la oportunidad de hacer negocios a cuenta del dinero público?
Se prometen controles férreos y multas millonarias. Esperamos que se cumplan, y que no se replique el modelo corrupto instrumentado por Jaime y los Cirigliano. Este blanqueamiento nos genera a todos muchas dudas, y tenemos todas las razones para tenerlas.
No por esperar que las cosas salgan mal, sino porque la historia nos marca a fuego para tener que estar atentos.
Desde la ola privatizadora de los 90 que los mismos apellidos dan vueltas y vueltas, siempre acomodándose y encontrando la puerta adecuada para entrar a Balcarce 50 y ser recibidos con los brazos abiertos.
EL 18 de marzo dará inicio el juicio oral y público. Ese día será el primero de una larga serie de audiencias para escuchar a los 300 testigos y juzgar a los 29 procesados, entre ellos cinco ex funcionarios de este gobierno, como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los empresarios Cirigliano.
Todo un país, encabezado por estos familiares, estaremos atentos a su desarrollo.
Así como desde 2012 hemos acompañado, con coincidencias y diferencias el desarrollo de la instrucción y las decisiones de las Cámaras correspondientes, ahora estaremos firmes cada día en que los jueces del Tribunal Oral Federal 2 valoren la prueba que tendrán en sus manos. Tenemos la convicción que se llega al juzgamiento con las responsabilidades claramente probadas.
Y volvemos a decir y a ratificar enfáticamente que, a nuestro entender, la tragedia de Once se originó en los despachos y fue creciendo cada vez que se cajoneó una denuncia, cada vez que no se aplicó una multa, cada vez que se dejó hacer a los Cirigliano lo que desearan con los dineros públicos, cada vez que no se quiso ver que el Sarmiento se degradaba todos los días.
Quienes tuvieron todos los medios para evitar una desgracia, sabían que con su conducta negligente estaban generando las condiciones para un desastre. No hicieron nada para evitarlo.
Fue una acción absolutamente intencional, a la que le pusieron un valor monetario o político, para dejar que todos los días se diera un pasó mas hacia la muerte de inocentes. Todos se enriquecían, mientras nosotros caminábamos lentamente hacia el dolor.
Por eso, esperamos además que como resultado de las declaraciones testimoniales que se sumen a las pericias surja la imperiosa necesidad de que el ministro Julio De Vido sea citado para explicar su responsabilidad en el indecoroso desempeño de sus subalternos.
Si sabía lo que pasaba, también es cómplice y debe ser juzgado, y si no lo sabía debe renunciar inmediatamente a su cargo, por la manifiesta incapacidad de no haber podido o no querido ver que la corrupción existente en áreas de su competencia.
A las víctimas de Once las mató la corrupción enquistada en el poder, no murieron por un error humano de Marcos Córdoba que también deberá ser dilucidado en el juicio.
Murieron por la ambición enferma de dinero y poder de funcionarios, empresarios y sindicalistas corruptos. Murieron porque los negocios entre ladrones y asesinos de despacho pudieron más que el respeto a la vida ajena.
Murieron porque el valor de tenerlos con nosotros fue violado desde las esferas de poder, porque se decidió que los inocentes valían menos que una coima, que un viaje al exterior o que un yate. Murieron porque los responsables decidieron que no importaba lo que sucediera mientras su cuenta bancaria se engrosara.
Murieron porque desde el poder político y empresarial se decidió que así debía ser para lograr sus objetivos.
Este año, y muy probablemente todo el próximo, estaremos esperando las respuestas de la Justicia. Estaremos atentos a cada declaración y a cada medida que se tome. Estaremos levantándonos cada día, a cada caída, el tiempo que sea necesario para ver a los responsables condenados. También para exigir que las promesas realizadas se cumplan, para seguir señalando cada negociado y cada mentira dicha.
No somos ni héroes, ni ejemplos. Somos un grupo de gente común, como cualquiera de ustedes, exigiendo ver que los responsables de tanto dolor paguen sus culpas.
Seguimos manteniendo vivos a cada uno de los 52 en nosostros y en el pedido de todos los que nos acompañan. Vivos en nuestro reclamo, vivos en esta lucha desigual pero digna, vivos, al fin y al cabo, en cada uno de quines creen que un país sano y justo es aquél en el que quienes causan muertes, terminan presos, y quienes luchamos por la vida, estamos juntos, aún con el corazón destrozado pero con la voluntad, la confianza y la fuerza intactas.
Muchas gracias por acompañarnos.
